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viernes, 26 de julio de 2013cermi.es semanal Nº 89

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
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Actualidad

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El CERMI reclama al Ministerio de Industria incluir a las personas con discapacidad en el bono social eléctrico

Propone ampliar su número de beneficiarios a “los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga, al menos, una persona con discapacidad”

22/07/2013

El CERMI ha propuesto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo ampliar el número de beneficiarios del bono social eléctrico e incluir “a los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga, al menos, una persona con discapacidad”.

“Creemos ajustado a nuestra normativa básica sobre igualdad, así como justo, que el bono social eléctrico tenga en consideración las necesidades de las personas con discapacidad”, afirma el CERMI.
 
Además, considera que resulta “coherente” con la propia finalidad de esta medida social, ya que, según dispone su norma de creación, “ésta se configura como una protección adicional del derecho al suministro de electricidad y se considera obligación de servicio público”.
 
Así, la propuesta del CERMI es incluir a las personas con discapacidad dentro de los beneficiarios del bono social eléctrico. En este sentido, destaca que “una de las consideraciones que ha de tenerse en cuenta al contemplar la discriminación de las personas con discapacidad es que esta situación les supone, además de un buen número de prejuicios que limitan o condicionan su desarrollo personal y social, un importante sobrecoste en su presupuesto familiar”.
 
"Las prestaciones y productos de apoyo que suplen las dificultades que tiene este sector suponen un coste de inversión para la persona o la familia en cuestión, no siendo mínimamente suficientes las ayudas públicas existentes para cofinanciar dignamente los costes que conlleva la discapacidad”, añade.
 
Por otra parte, el CERMI señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y reclama a los poderes públicos su deber de establecer medidas contra la discriminación y de acción positiva, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIOUNDAU).
 
“Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios, normas, criterios y prácticas más favorables, pero también podrán ser ayudas económicas”, añade el CERMI en su propuesta.
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